Aquí se describen los diversos participantes del proceso. En una primera parte se detallan aquellos que guían y sostienen: el territorio, las personas sabedoras, las familias, la comunidad y los muertos son centrales tanto desde su agencia como desde la orientación que dan al ser el fin de muchas de las apuestas tales como armonización del territorio o descanso de los muertos.
En un segundo momento quienes abanderan el proceso y se configuran en una especie de bisagra o puente entre guías e instituciones acompañantes, impulsan incansablemente una labor de articulación, mediación y exigencia de derechos. Finalmente, se encuentran las instituciones acompañantes que desde su labor misional realizan aportes y cumplen con su labor de intervención en el proceso para garantizar los derechos de las víctimas y adecuar los rígidos protocolos existentes a nuevos marcos culturales y ontológicos sobre la muerte.
El territorio es un conjunto de elementos que posibilitan la vida, donde la flora, la fauna, las personas, la tierra y el agua desarrollan una relación armónica que permite que la vida florezca con un profundo respeto y amor por cada uno de los elementos que la componen y así fortalezca una conexión espiritual.
El territorio Bojayaseño. Ciénaga de Bojayá y río Pogue.
El territorio sobrevive al conflicto armado, social y económico con lesiones profundas que se piensan casi agonizantes. Esa conexión entre especies y el equilibro de la vida ha sido rota por el impacto de las guerras, partiendo de los impactos ambientales que han disminuido notablemente las formas de vida en los ríos y montañas, la extinción de muchas especies maderables, árboles centenarios que simplemente han desaparecido entre el ruido de motosierras y fusiles, la tierra que se afecta en la superficie y el subsuelo. Todo esto promovido por una economía extractivista y corrupta que, a la postre, acaban con la soberanía alimentaria de los pobladores históricos de la región del Pacífico. Por otro lado, se rompe el vientre de la tierra y los ríos con la explotación voraz de minerales preciosos, que contamina indiscriminadamente ríos, montañas y a las gentes que allí sobreviven.
El territorio como testigo silencioso en muchos casos recibe los cuerpos sin vida que por múltiples asesinatos selectivos y masacres va dejando el monstruo de la guerra, que se creía iba de paso, pero al parecer ha llegado para quedarse. Los ríos, montañas, entornos poblados y sitios sagrados son afectados por la
mala muerte.
Según Saulo Enrique Mosquera, esta expresión se refiere a «la gente que no muere por enfermedad, sino porque otro lo mata; muere de mala manera, la muerte buena es muerte por causas naturales».
Los múltiples cuerpos arrojados a los ríos y las fosas en cualquier lugar rompen el equilibrio de vida.
A este territorio lo recorren los cuerpos de las víctimas del etnocidio de Bojayá como se muestra en el mapa 2. Un recorrido que conecta a Vigía del Fuerte en Antioquia, y en Chocó a Napipí, Riosucio, Pogue, Loma Rica, La Loma de Jaramillo, Bellavista viejo y las zonas de escombros de la iglesia San Pablo Apóstol destruida por el impacto del cilindro bomba, el río Atrato, Bellavista nuevo, el cementerio y, por último, las ciudades donde van a parar transitoriamente con fines de identificación: Medellín e Itagüí en Antioquia y Bogotá en Cundinamarca.
Los familiares de las víctimas mortales del genocidio de Bojayá personifican la resiliencia. Una suma de valores que a lo largo de los años han venido dejando ver la calidad de personas que son: la solidaridad, la compasión, la dignidad, el respeto, la capacidad de escuchar al otro, aunque ese otro sea el causante del más grande sufrimiento.
Bojayá siempre ha manifestado que somos una gran familia, la familia extensa que se extiende a todos los habitantes del municipio; pero esto no desconoce la existencia de núcleos familiares, de un círculo un poco más cerrado de personas que componen cada hogar, núcleos familiares que son totalmente destruidos por la barbarie del conflicto armado. Un ejemplo de ellos es la familia de Heiler Martínez, a quien le asesinaron a cinco hijas, Heida Martínez Palacios, Yeisy Martínez Palacios, Yaslaira Martínez Palacios, Raquel Martínez Palacios, Heidi Martínez Palacios, y su esposa, Luz del Carmen Palacios Chaverra, padeciendo el flagelo adicional de la desaparición de una de sus hijas fallecidas. O Aristarco Rivas que tenía un hogar de nueve personas y seis de ellos son víctimas de la masacre de Bojayá, entre estos su esposa, Julia Lenis Mena Moya, e hijos, Vanesa Rivas Mena, Sandra Patricia Rivas Mena, Sandra Milena Rivas Mena y Jhon Fredy Rivas Mena. Estas personas al igual que otras familias llevan años de sufrimiento por la pérdida y la angustia de la desaparición de sus seres queridos.
Después de los hechos de 2002, las familias de Bojayá se dispersan por Colombia. Como garante de un proceso participativo y colectivo, se establecen las asambleas con delegados de todos los núcleos familiares, los cuales viajan a encontrarse en Bellavista nuevo, cabecera municipal de Bojayá, desde las ciudades en las cuales se encuentran en condición de desplazados. Muchos solo volvieron a Bojayá 17 años después a darle una sepultura adecuada a sus seres queridos.
Las familias están en el centro de todas las actividades desarrolladas. Así, durante todo el proceso toman decisiones en los momentos y temas que lo ameritan, igualmente, participan de la planeación e implementación del velorio colectivo, entierro y novenas. Maria Aurelia Moreno, madre de Argenio Palma Moreno, habla de su participación en las exhumaciones,
Después, cuando la exhumación de Riosucio, que fue la primera que se programó, yo fui con otro compañero allá, le hicieron su cosa que le hacen, todo un ritual, todo fue muy bien para qué, pero llevaba yo la esperanza de tener un príncipe al lado de mi ser. A través que no lo hallé tuve que tomar resolvencia de quien no era el que yo buscaba, encontramos otro pero no eran los mismos. Gracias a Dios mis hijos, los hermanos de él, estaban esperándome aquí en el puerto para encontrarse con su hermano. Eso cuando yo llegué en la panga ellos estaban sentados donde Cholo Tirson, ahí se bajaron a hacer el homenaje, a recibir… Cuando se encontraron les dije: “mis hijos, pues, no lloren” porque me recibieron llorando, “no lloren que algún día lo ven a su hermano”. Y gracias que así se van dando las cosas, cuando menos pienso que no se van a dar, Dios pone las cosas derechas, oyó, me las pone derechas. Ellos les causó un llanto, sí, lloraban, tomaban, se desahogaron tomando porque los hombres no son como las mujeres. Al siguiente día, al otro día arrancaron para su pueblo. Pero cuando mi mamá, me dio… estaba fuerte para nosotros, pero cuando mi mamá, me dio mucha nostalgia, en verdad que lloré [con la voz entrecortada], me enfermé, yo me enfermé, yo estoy… ya mi vida está recuperada, ustedes saben.
El testimonio sentido de Maria Aurelia Moreno da cuenta de la importancia de los vínculos familiares en el acompañamiento durante todo el proceso de exhumación ya que uno de los momentos más dolorosos se da cuando en el procedimiento de búsqueda para la exhumación no se encuentran los restos esperados o cuando en el momento de identificación aparece otra persona diferente a la esperada. La persistencia y acompañamiento constante de la familia, líderes, lideresas, personas sabedoras y profesionales les permite vivir de manera más digna ese momento de expectativa, dolor e incertidumbre.
Las personas sabedoras son las que se interesan en una o diversas especialidades del conocimiento ancestral, que en síntesis es el desarrollo de conocimiento de plantas y sus usos. Entender los tiempos de la luna, la anatomía humana, el clima, el profundo conocimiento del territorio que los rodea, bien sea de lo natural y sobrenatural –el poder de la palabra secreta, el diálogo con los espíritus humanos y los de la naturaleza–. Las comunidades afros las conocemos como médicos tradicionales, parteras, sepultureros, pegadores de huesos rotos, rezanderos/as, cantadoras, maestros en tumbas. En comunidades indígenas contamos con los chamanes, jaibanás y sabios/as.
En Bojayá existe un movimiento organizativo alrededor de los saberes ancestrales, entre los cuales se destaca el grupo de alabadoras de Pogue y el grupo de alabadoras de Puerto Conto. En el 2015 se inician en Bojayá los encuentros con las personas sabedoras con el objetivo de ampliar conocimientos sobre la labor de estas personas en el territorio e invitar al fortalecimiento de sus capacidades.
Es así como, tras la decisión que habían tomado los familiares de exhumar todos los cuerpos y la necesidad de que este proceso sea guiado por el conocimiento ancestral, en asamblea con el Comité se selecciona un grupo de diez personas sabedoras para acompañar permanentemente el proceso y asesorar al Comité, a las familias y a las instituciones en el conocimiento espiritual.
El equipo de cuidadoras locales es un equipo integrado por las personas sabedoras tradicionales de Bojayá y profesionales psicosociales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este equipo integra el conocimiento técnico adquirido en la academia y años de experiencia de acompañar víctimas en el país, proporcionado por profesionales de la Unidad para las Víctimas y a su vez tiene el gran conocimiento ancestral que de generación en generación se ha transmitido de forma verbal en las comunidades étnicas del Atrato, como lo explica Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.)
Yo, por ejemplo, aprendí a rezar porque un señor Rangel me enseñó. No aprendí a cantar, aprendí a contestar alabaos porque mi mamá, mi abuela, era cantadora, mi tío era cantador, mi mamá pues también machucaba, y así sucesivamente. O sea que esto ha sido producto de generación en generación.
El equipo de cuidadores locales desarrolla labores antes y durante todos los momentos del proceso con las víctimas de Bojayá. Rosa de las Nieves Mosquera cuenta cómo se desarrolla la articulación durante las exhumaciones:
Llegar todas las noches a las casas donde había víctimas directas en compañía de los de la Unidad, los psicólogos, reunir con ellos, con cada una de las familias, reunirnos, y empezar. Y decirles, “venga, nosotros vinimos, no con esos chalecos”. […] Y yo los echaba en una bolsa y nos íbamos a hablar con ellos. Porque a veces como también estamos cansados ya de ver tanto chaleco, que ya no queremos hablar, no queremos participar, no queremos nada. Y después terminábamos ya hasta con rondas, con cuentos, con chistes y estamos preparados. Mañana vamos a ir a la exhumación. Entonces es como esa articulación del saber ancestral con el saber, cómo se dice, que tienen los psicólogos o el técnico. Y poder uno acompañar, ayudar, ver que esa persona, que esas víctimas directas se sienten en condiciones y en disposición de realizar, de seguir con la tarea, de estar allí, pendientes, o no estar o decir “no puedo ir”, pero después llamar y decir “yo sí puedo ir”, “yo soy capaz”.
Bojayá es el conjunto de la población afro e indígena fundamentalmente, distribuida en 36 comunidades indígenas, 19 consejos comunitarios locales y la cabecera municipal, Bellavista, con unos 12 000 habitantes en el 2021 –y 10 000 en el 2002–, los cuales han padecido, a lo largo de los años, asesinatos selectivos, masacres, agresiones sexuales por parte de actores armados, desplazamientos individuales y colectivos, como el de más de cinco mil personas en el 2002. A pesar de la permanencia en el tiempo de distintos hechos violentos que atropellan a estas poblaciones, existe un vínculo territorial y social que permite permanecer en comunidad, resistiendo en conjunto el dolor que implica el constante asedio del conflicto armado.
Los habitantes de Bojayá llevan un luto permanente por las acciones sin concluir con los muertos. Por esta razón se ha conmemorado de forma ininterrumpida los hechos de 2002, muchas acciones o iniciativas de memoria se han presentado a lo largo de los años: desde los cantos de las alabadoras de Pogue, el bordado del Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, las canciones de Domingo Chalá Valencia; hasta cada vez que un habitante enciende una vela en honor a las almas de los difuntos se está elaborando el duelo poco a poco y con el paso de los años.
La comunidad de Bojayá es uno de los principales participantes en el proceso de exhumación, identificación, entierro y despedida espiritual de los muertos en el marco de la conocida masacre de Bojayá, estando al lado de los núcleos más cercanos de los difuntos, apoyando con atenciones, dibujando o imprimiendo carteles, trabajando en la obra del lugar de disposición final y en cada una de las actividades desarrolladas.
El impacto de hechos como el de la masacre de Bojayá y muchos ocurridos a lo largo de los años en Colombia se miden por el número de personas asesinadas. Bojayá considera que esta forma de medir impactos deshumaniza porque no se dimensiona la profundidad de los daños causados a una comunidad. Cada una de aquellas personas que le alcanza la mala muerte –inicialmente se dice que 119, después que 79 según la Fiscalía en el 2002 y finalmente 102– tenían un rol muy valioso al interior de sus hogares, de su comunidad y de la sociedad.
Al arrancarlos de un momento a otro, el daño no solo está en el hecho de la muerte. Núcleos familiares como el de Heiler Martínez, Maria Aurelia Moreno, Aristarco Rivas, María Pascuala Palacios, Elvis Guzmán y muchos otros simplemente desaparecen. Una comunidad como Bellavista casi desaparece. De hecho, es importante reconocer las fortalezas individuales de los sobrevivientes, la capacidad organizativa que permite juntar nuevamente las personas para tratar de hacer comunidad. Una comunidad que no volverá a ser la misma y que mantiene la necesidad de despedir a sus muertos.
Las comunidades étnicas dan fe de los mecanismos de comunicación con lo sobrenatural, la posibilidad de recibir mensajes de aquellos que han fallecido. En el caso de aquellos que perecen en el etnocidio de Bojayá no es la excepción. Leyner Palacios cuenta cómo se comunican los muertos frente a la necesidad de rezos y cantos de alabaos.
En una entrevista que yo tuve con una niña que le decimos Papona, en Pogue, ella vino, incluso la mandamos a una actividad en Bogotá una vez y ella dijo como testimonio que ella se soñaba todos los días con su papá y su mamá que se acercaban en las noches y le decían que le pedían agua. Luego, entonces cuando nosotros empezamos a hablar con los sabedores, la gente nos dijo, los sabedores, en la interpretación de los sueños cuando una persona se sueña que le está pidiendo agua un muerto, pues le está pidiendo es rezo. Y aquí el problema que tenemos, el vacío que tenemos es que esos cuerpos están ahí enterrados, pero eso lo enterraron como perros, no les hicieron ningún ritual, nada, nada. Entonces esa gente necesita rezo, y rezo del tradicional para que puedan llegar al cielo. Entonces hasta que los familiares no sientan que se le ha hecho todo ese ritual a su familiar sienten que las almas están en pena, y pena es que no llegan al cielo, andan divagando.
El proceso de exhumación, identificación y despedida espiritual de las víctimas de Bojayá permite saldar la deuda con los muertos: logrando cantarles, hacer los rezos y alabaos para las personas adultas, gualíes a los niños y niñas grandes, chigualos a los niños y niñas un poco más pequeños/as. De igual forma, se escriben las historias de vida de los muertos en álbumes familiares que custodian cada uno de los núcleos familiares y el Comité. En la memoria, en el lugar de disposición final y en cada una de las iniciativas de memoria se dicen los nombres de aquellas personas que perecen en el marco de la masacre de Bojayá.
En el año 2014 toma forma lo que hoy conocemos como Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Esta es una organización de organizaciones, se integra por el Comité de Víctimas Dos de Mayo, Cocomacia, Acirup, Camaibo y la Asociación de Autoridades Indígenas Drua Wandra representados por decisión propia en un delegado de Ajuap, Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, líderes y lideresas independientes y delegados de las familias que tienen víctimas mortales de los fatídicos hechos del 2 de mayo de 2002. Bojayá ve la necesidad de hacer un frente común para trabajar temas específicos el acuerdo de paz, la reparación de víctimas, la memoria histórica y atender en menor intensidad otros derechos comunitarios.
El Comité, acompañado de algunos aliados, emprende la tarea de que se garantice el derecho a una participación plena de las familias de los fallecidos en todo el proceso y que dicha participación sea según lo que establece la cultura, para lo cual busca apoyo de las personas sabedoras tradicionales que se convierten en asesores permanentes. La incidencia del Comité permite organizar las familias al interior de Bojayá para adelantar un proceso colectivo; de igual forma, logra que la institucionalidad dé respuesta a una necesidad sentida del pueblo de Bojayá.
El Comité gestiona, además, los recursos para garantizar que aquellos que están viviendo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, la región de Urabá, Quibdó, y otros lugares de la geografía nacional, puedan coincidir en tiempo y lugar para tomar y recibir información y tomar decisiones colectivas. Para garantizar los recursos en todo este proceso deben negociar y renegociar una y otra vez con distintas instituciones y enfrentarse a múltiples dificultades. Liderar un proceso como este es una labor de tiempo completo para las organizaciones y personas que integran el Comité. Todo es desarrollado como voluntariado, sin una remuneración establecida que hubiera permitido llevar a cabo tan importante labor sin las preocupaciones de las responsabilidades personales y del hogar. Una solución temporal adoptada por el Comité es la vinculación de algunos de los integrantes a proyectos cortos, para que puedan obtener algún recurso económico y liberar el tiempo necesario para las labores del Comité. La segunda alternativa es la operación logística de eventos, que normalmente no superan los doscientos mil pesos. La sostenibilidad es difícil, pero con mucho empeño se logra sacar hasta el final.
Tras la gestión del Comité, las primeras asambleas son financiadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Al avanzar en el proceso, la Unidad dice que no puede seguir asumiendo los altos costos que implica cada asamblea por lo que es necesario identificar otras fuentes de financiación. Esto preocupa profundamente a los líderes y lideresas del Comité, que activan acciones de incidencia y logran que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, dirigida por la doctora Paula Gaviria Betancur, y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos identifiquen fuentes de financiación como el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia. Con el fondo también le toca al Comité hacer cabildeo para la aprobación de un proyecto que garantice la participación de las víctimas, acciones de incidencia del Comité, el acompañamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y financiar acciones del asesor forense independiente, en este caso Equitas. Este apoyo garantiza hasta el noventa por ciento de la fase de identificación.
Al terminar el apoyo financiero del Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en Colombia en el año 2018 –con los cambios que resultan del nuevo gobierno de Iván Duque–, el Comité se preocupa mucho, no está claro cómo se continuaría garantizando la participación. Al iniciar el año 2019, una delegación del Comité viaja a Bogotá para reunirse con instituciones, en aras de reactivar el proceso. Para ese momento no se tiene ningún tipo de financiación, entonces con recursos propios emprenden un viaje de 27.5 horas. En Bogotá se reúnen con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y el Ministerio del Interior. En este momento se asumen nuevas responsabilidades por las instituciones para concluir el proceso, aunque las largas jornadas de concertación y debates sobre lo que se podía garantizar y lo que no continúan hasta el último momento.
El testimonio de María Pascuala Palacios, da cuenta de la dimensión de la labor y los múltiples roles que sus integrantes deben jugar durante cada proceso.
Para mí el proceso de exhumaciones, creo que para muchos de mis compañeros, ha sido un proceso muy duro. Muy duro porque me ha tocado jugar varios papeles en el proceso de exhumaciones porque como bien saben hago parte del Comité por el Derecho a las Víctimas de Bojayá, una donde nos toca una representatividad y después de eso soy víctima directa, porque me arrebataron los dos seres más queridos, qué digo… tres, porque también cayó un hermano en ese proceso […] He sido la representación de mi familia porque para ellos he sido la cabeza principal de este proceso […] Siempre les he llevado a ellos ese mensaje de lo que estamos haciendo, entonces me ha tocado la verdad momentos de colocar los pies en la tierra y la cabeza firme y el corazón bien puesto para saber qué es lo que estamos haciendo.
La Guardia Negra se establece en Chocó y el Medio Atrato como una expresión de autonomía y como mecanismo de protección a las comunidades y de cuidado del territorio. Para el acto de reconocimiento de responsabilidades de las Farc-EP en el 2016, el Comité y las comunidades bojayaseñas deciden que no iba a haber presencia de ningún tipo de armas o de seguridad armada y que ejerciendo su autonomía, la seguridad y acompañamiento estaría a cargo la guardia. Los guardianes que vienen de Pogue, Bellavista, Puerto Conto y San José de la Calle acompañan el acto de reconocimiento de responsabilidades en el 2015 y el proceso de exhumación, específicamente durante los días del entierro final en el 2019.
Cuando los cuerpos de los familiares asesinados llegan a Bellavista nuevo después de haber estado dos años en los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín e Itagüí, los ataúdes se ubican en el auditorio bajo la custodia permanente del Cristo Mutilado de Bojayá, la Guardia Negra y los custodios del CTI de la Fiscalía. La Guardia Negra acompaña las veinticuatro horas del día los cuerpos de las víctimas y durante los momentos públicos y simbólicos de importancia. La formación y capacitación de la Guardia Negra es realizada por la Guardia Indígena de los pueblos indígenas del Cauca y la Guardia Cimarrona de Palenque de San Basilio.
Su rol fundamental consiste en garantizar la participación de las víctimas y hacer acompañamiento psicosocial diferencial con enfoque étnico. Atendiendo a su primera responsabilidad, la unidad garantiza transporte, alimentación y una pequeña contribución al hospedaje de los familiares de primer grado de consanguinidad y afinidad. Hay grandes diferencias con la comunidad al establecer esta condición, teniendo en cuenta que para la población afro, en particular la del departamento del Chocó, el concepto de familia va mucho más allá de la familia nuclear, se convive como familia extensa y en los momentos de duelo se hace más notoria esta particularidad. Dicho desacuerdo permanece hasta el final, aunque el Comité encuentra alternativas para garantizar la participación de la familia extensa para el entierro final pero con bastantes limitaciones. En su segundo rol, se articulan con las personas sabedoras para formar el equipo de cuidadores locales y así establecer una intervención con enfoque étnico y pertinente.
Al Centro Nacional de Memoria Histórica se le asignan dos tareas muy importantes. La primera, consiste en elaborar en conjunto con el Comité las historias de vida de las víctimas mortales de la masacre de Bojayá. Dicho proceso cuenta con la contribución de la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el programa de alianzas para la reconciliación ACDI/VOCA, elaborando cuarenta álbumes familiares que integran el universo de víctimas de la masacre. Se elabora un álbum por núcleo familiar.
La segunda acción está dirigida a la documentación de todo el proceso. En un primer momento se apoya al Comité en la consolidación del equipo de comunicaciones y documentación del proceso y en la gestión de recursos para la adquisición de herramientas para dicha labor. En el momento de la sistematización de la información, el Comité identifica un nuevo aliado estratégico para cumplir con tan importante tarea. Esta es encomendada a un proyecto formulado por la profesora Pilar Riaño y el Comité a la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, el cual se lleva a cabo bajo la premisa de contar desde adentro, contar desde la voz de las víctimas como protagonistas del proceso.
Esta entidad es la encargada de las investigaciones judiciales y responsable de los aspectos jurídicos de este proceso, de las exhumaciones y de dar respuesta a las familias de la integralidad del proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de restos.
Este instituto es el que asume la responsabilidad de hacer la identificación e individualización de los cuerpos. Recibe los cuerpos de la Fiscalía General de la Nación, los analiza y los devuelve con los informes medicolegales que den cuenta de los hallazgos en cada caso. Además, el instituto para el caso de Bojayá acuerda presentar informes de avances a las familias en asambleas y mesas técnicas con el Comité y Equitas lo que permite tener detalles en cada caso analizado en el transcurso del tiempo.
La asesoría de Equitas es estratégica para generar confianza en el proceso por parte de la comunidad. Esta organización asesora al Comité y a las familias para entender el lenguaje que se maneja en el mundo de lo forense y su experiencia es guía fundamental para tener una visión panorámica del camino a recorrer. Equitas y el Comité consolidan la información ante mortem de las víctimas, la cual es de vital importancia para la identificación y para la reconstrucción de su memoria.
Es el que asume la responsabilidad de construir la infraestructura necesaria para el lugar de disposición final de los cuerpos. En este caso, bajo un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, se construye el diseño concertado con las familias en los encuentros de la Asamblea de Familiares de Bojayá.
Entre 2017 y 2018, esta institución asume la responsabilidad de articular las instituciones participantes en el proceso y gestionar recursos para garantizar la participación de las víctimas en el proceso.
Esta entidad funge como garante internacional y vela por el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo del proceso, igualmente, asume la responsabilidad de apoyar en materia de comunicaciones al Comité y a las familias de las víctimas de Bojayá. Este rol es fundamental para el impulso inicial del proceso y en la consecución de recursos económicos.
La diócesis de Quibdó acompaña a la comunidad en el proceso, facilitando guía espiritual y apoyo general para la garantía de derechos. Equipos misioneros como las Hermanas Agustinas Misioneras, los integrantes de la Pastoral Afro de la Diócesis de Quibdó y de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó han acompañado el proceso desde el momento mismo que se intensifica el conflicto armado en la región del Medio Atrato.
La administración municipal de Bojayá facilitó el lote para la construcción del mausoleo y bóvedas temporales, de igual forma, se compromete a realizar mantenimiento y cuidado del lugar donde descansan las víctimas mortales de la masacre.
La administración del municipio de Riosucio apoya las diligencias de búsqueda de los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá que yacen en su territorio.
Construye las bóvedas temporales para la etapa de exhumaciones.
El Comité mantiene varios diálogos con la Cruz Roja a lo largo del proceso, este hace presencia y organiza la logística para el momento del traslado de los cuerpos desde Bellavista hacia Medellín. La Cruz Roja cumple un papel de garante del transporte y de testigo del número y el estado en el que se encuentran los cuerpos que se traen al helicóptero que los transporta y de su entrega y recibo por parte de Medicina Legal en Medellín.
Esta figura se toma de la acción organizativa y solidaria tradicional del pueblo afrochocoano. En esta ocasión la Junta Promortuoria Nacional se constituye por personas destacadas de la vida nacional, que han manifestado a lo largo de los años un aprecio por la población de Bojayá. Estas personas contribuyen con recursos económicos para el entierro final de las víctimas. Apoyo destinado a cubrir aquellos gastos inelegibles para entidades que manejan recursos públicos, tales como cigarrillos y alcohol, utilizados históricamente en las comunidades para las honras fúnebres y que hacen parte de su tradición y cultura.
La Universidad de la Columbia Británica en Canadá apoya un proyecto que documenta todo el proceso que permite honrar a los sagrados espíritus de las víctimas de Bojayá. Este trabajo es desarrollado en conjunto con el Comité, Natalia Quiceno Toro del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y la investigadora independiente Camila Orjuela Villanueva. El producto para publicar es un escrito y esta página web, que dan cuenta de cada fase del proceso y las lecciones aprendidas.